Se lleva comentando desde la adopción de las medidas que la Inspección de Trabajo controlará la tramitación de los ERTEs. En efecto, la autoridad laboral revisará de oficio todos los procedimientos. Ello llevará consigo la obligación de las empresas de devolver las bonificaciones que hubieran recibido en caso de que se aprecia la existencia de irregularidades en su tramitación.
El cierre económico ha hecho que se superen los 500.000 ERTEs lo cual está implicando el colapso administrativo ante la imposibilidad de tramitar tan elevado número de expedientes. Como consecuencia de ello, el Gobierno ha decretado al revisión de oficio de todos los expediente de regulación temporal de empleo. De esta suerte, todas aquellas empresas que hayan incurrido en alguna irregularidad en la solicitud deberán reintegrar las bonificaciones que hubieran percibido. Recordamos que las empresas que se acogen al ERTE pueden ahorrarse hasta hasta 100% de las cuotas a la Seguridad Social. Además decidir el cierre empresarial en solo cinco días sin consultar a los trabajadores.
El principal requisito es la concurrencia de una causa de fuerza mayor a la hora de solicitar el expediente. Sin embargo no puede confundirse esta causa con el descenso de ingresos a causa de la crisis o la necesidad de cerrar por pérdida de clientes. Las causas de fuerza mayor son:
- Suspensión de la actividad por decisión de las autoridades sanitarias.
- Restricciones a la movilidad de personas o mercancías.
- Falta de suministros
- Contagio masivo de la plantilla.
También se revisarán por la inspección la tramitación de altas y bajas efectuadas durante el estado de alarma.