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El conflicto de las cláusulas suelo de las hipotecas es el más vasto de los abusos bancarios que han sucedido en España. Estas cláusulas impidieron que millones de familias pudieran acogerse a la rebaja de los tipos de interés. Las magnitudes son abrumadoras. Se han sustanciado 1,8 millones de reclamaciones.
El contencioso se arrastra por los tribunales desde hace 12 años. Desde 2017 se han presentado 583.000 demandas por prácticas abusivas, como ejecuciones hipotecarias, intereses moratorios, gastos y multidivisas; pero la mayoría ha sido por cláusulas suelo. Los jueces han dictado 296.000 sentencias, un 97% condenatorias para la banca, y hay juicios señalados para 2024.
Por la vía extrajudicial, 1,2 millones de afectados han reclamado a los bancos, que han estimado solo un 44% de los casos, lo que ha permitido recuperar 2.398 millones de euros. Una cantidad que había contribuido a los beneficios de los bancos, mientras que muchas familias soportaban un sobre coste difícil de sobrellevar.
Este interminable conflicto muestra la desprotección de los consumidores por el mal funcionamiento de las instituciones del Estado y una legislación deficiente. Los jueces de primera instancia se han amparado en las directivas europeas, la Comisión Europea y las resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, (TJUE), que han sido determinantes. Las movilizaciones de las asociaciones de consumidores han sido muy decisivas.
Los jueces, sin embargo, han tropezado con un Tribunal Supremo que acordó una devolución solo parcial de los cobros indebidos al anteponer los intereses de las entidades financieras. En 2013 y 2015, el Alto Tribunal asumió una defensa del sistema financiero, que no le correspondía, con el pretexto de evitar “el riesgo de trastornos graves con trascendencia al orden público económico”. El TJUE le corrigió y obligó la devolución íntegra de lo percibido ilícitamente.
En 2018, el Alto Tribunal avaló la estrategia de la banca, que para evitar demandas que perdía masivamente, propuso a sus clientes sustituir las cláusulas suelo por otras rebajadas a condición de que renunciasen a reclamar. Las tesis del Supremo fueron refutadas por el entonces magistrado Javier Orduña, quien había argumentado que la restitución debía ser íntegra, y que la ineficacia absoluta de la cláusula suelo original declarada abusiva “se extendía” también a su moderación o convalidación mediante “una renuncia de los derechos básicos de los consumidores”. Sus razonamientos fueron recogidos por el TJUE en 2016, 2020 y 2021.
Los cuantiosos abusos bancarios han causado una agotadora litigiosidad que ha colapsado los tribunales y un grave problema de reputación a la banca. La subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, ha destacado que los costes de la litigiosidad y la pérdida de reputación sobrepasan “cualquier hipotético beneficio que las entidades individuales hubieran podido obtener a través de prácticas más que cuestionables”. Estas conductas impiden al sistema financiero funcionar adecuadamente.
