La solución salomónica del TJUE sobre la cuestión de nulidad de las cláusulas IRPH trasladó al Supremo el incómodo ejercicio de dirimir sobre su abusividad. Y nuestro alto tribunal no concluyó la abusividad de las cláusulas, pero sí le atribuyó falta de transparencia al no informar sobre la evolución del índice IRPH en los dos ejercicios anteriores a la firma de la hipoteca. Tras este aparente galimatías, ¿en qué situación queda el consumidor afectado? Resumiendo; cada juzgado debía analizar, caso por caso, si se evidenciaba falta de transparencia para considerar la cláusula como abusiva y, por lo tanto, como nula.
Además, y entendemos que sin pretenderlo, dejar margen de discrecionalidad a cada juzgado para hacer una interpretación de una resolución ya de por sí nada aclaratoria, ha generado que, a falta de casación de las nuevas resoluciones emitidas en primera instancia, la disparidad en la interpretación está aumentando, aún más, la falta de certeza en el consumidor sobre sus opciones reales de recuperar el dinero perdido.
Por lo anterior, miles de perjudicados creen que sus derechos como consumidores se están viendo afectados, al entender que el Supremo emitió su sentencia atendiendo a intereses financieros y sin, en ningún caso, velar por el quebranto a sus derechos de información al suscribir la hipoteca. La acusación es gruesa.
A todo ello, numerosos bufetes han visto un filón en la defensa de los afectados, intentando representar al colectivo y garantizar la recuperación del capital perdido. Como ejemplo, la Dirección General de Justicia y Consumidores de la Comisión Europea notificaba a la firma Arriaga Asociados la admisión a trámite de la denuncia presentada contra el Estado español por un presunto incumplimiento de la normativa europea en materia de defensa de los consumidores y usuarios, sobre la falta de transparencia y abusividad de la cláusula del tipo de interés IRPH.
El escenario se plantea como un film judicial de alcance masivo: miles de afectados por la cláusula de marras enfrentados a la Justicia española -representada por nuestro Tribunal Supremo- y sin la certeza de haber unificado resoluciones en primera instancia judicial. A todo ello, para trufar la trama, numerosos bufetes -autoerigidos como plataformas en defensa del consumidor- conminan a los consumidores a plantear denuncias ante la Unión Europea para dirigir las sentencias favorablemente.